Los Orefici se hicieron cargo de Intelhorce a finales de 1989, después de que la Dirección General de Patrimonio del Estado decidiera privatizar la factoría textil.

Giovani y Paolo, parapetados en las empresas Benorve y Benservice, recibieron suculentas subvenciones estatales para la reflotación de la fábrica. No obstante, en 1992, y tra tres años de gestión, Patrimonio del Estado decidió recuperar la fábrica ante el peligro de desaparición.

El posible desvío de fondos públicos destinados a Intelhorce hacia otras empresas, así como diversas irregularidades en la gestión de la fábrica, motivaron el inicio de actuaciones judiciales por parte de la Dirección General de Patrimonio del Estado y del sindicato UGT.

El juez que instruye las diligencias ha solicitado conocer el paradero de los Orefici por si en un futuro próximo se ve enla obligación de tomarles declaración. Asimismo, el magistrado ha requerido información contable de la factoría durante la etapa de los empresarios italianos.

Giovani Orefici, que cuenta con domicilio en Torremolinos (Málaga), podría encontrarse en la actualidad en la ciudad italiana de Milán, según fuentes sindicales.

En la instrucción del sumario, y según denunció hoy UGT, se demuestra que el Estado está a la espera de cobrar más de 2.000 millones de pesetas en concepto de cuota patronal durant los tres años de gestión de los Orefci. Asimismo, Benorve y Benservice, las empresas adjudicatarias de la privatización de 1989, no abonaron la cuota obrera a Hacienda y a la Seguridad Social, a pesar de que ésta había sido detraída de las nóminas.

No obstante, según denunció hoy el secretario general de UGT en la provincia de Málaga, Francisco Valenzuela, la empresa pública Improasa, dependiente de la Dirección General de Patrimonio del Estado, se comprometió ante un juez de Málaga al abono de la cuta obrera (267 millones de pesetas), una vez que los Orefici perdieron el control de la factoría.

Intelhorce, en la actualidad en situación de suspensión de pagos y con una multa pendiente de abono de más de 4.000 millones de pesetas (sanción impuesta por el Tribunal de la Unión Europea), se encuentra en la actualidad prácticamente paralizada y a la espera de un nuevo plan de viabilidad.

Empresa, Junta de Andalucía y sindicatos buscan una salida negociada al futuro de Intelhorce, que podría pasarpor una inminente privatización, al existir, según fuentes sindicales, empresas con intereses en la factoría.

No obstante, las centrales sindicales negociarán a partir del próximo jueves con la consultora Werner Internacional, considerada como una de las más importante del mundo en el sector textil, cual sería la configuración futura de la fábrica, tanto en los aspectos productivos como en el humano.