Conte entró en contradicciones con la declaración de la jefa de Protección Radiológica, Araceli Hernández, que fue la primera persona en declarar. Por ello, la juez María José Gil Corredera ha ordenado un careo entre ambas personas.

Mariano Conte indicó cómo reparó el acelerador y reconoció también que dejó pendiente el cambio del inicador de potencia, "porque estábamos esperando a hacer la revisión semestral, que se iba a hacer en fechas próximas".

En su opinión, sólo estaba atascado, y así se lo dijo a las operadoras de la máquina. Declaró Conte que la máquina estaba bien reparada, sin embargo todos los informes periciales, incluido el del Consejo de Seguridad Nuclear, señalan que el técnico de General Electric manipuló indebidamente la máquina, la dejó en su máxima potencia y anuló todos los sistemas de seguridad.

MarianoConte afirmó, por otra parte, que sólo posee el título de técnico electrónico otorgado por la Armada.

Las contradicciones entre lo declarado hoy por Mariano Conte y el lunes por la física Araceli Hernández han obligado a la celebración de un careo. La física señala que el día 7, cuando Conte reparó el acelerador, ella no se encontraba en Zaragoza, tenía fiesta laboral y estaba en el Pirineo.

Sin embargo, Mariano Conte aseguró que el día 7 comunicó a Araceli Hernández y a la física Esther Millán qe estaba realizando la reparación y que conversó con ambas durante breves minutos sobre lo que estaba haciendo.

Ante estas declaraciones, el abogado de la acción popular, José Antonio Visus, considera que es alarmante el descontrol que había en el hospital y que "lo que nos empieza a extrañar es que después de ver la descoordinación que existe en el Clínico, sólo sucediera lo que sucedió".

El técnico también manifestó que dejó una nota para el encargado de mantenimiento del hospital. Asimismo aseura que entregó el parte de su reparación en las oficinas de la compañía el mismo día 7. Sin embargo, este parte no llegó al hospital hasta un mes después.

Entre el público, siguiendo la vista, se encontraba hoy el abogado José Federico de Carvajal, cuyo gabinete ha presentado querella criminal en nombre de la asociación de afectados contra la compañía General Electric, en un intento de conseguir sentar en el banquillo a directivos de la multinacional.

José Federico de Carvajal manifestó que la atuación de su equipo no interfiere el proceso que se sigue, puesto que los fines que ellos persiguen son "que se vea la negligencia del consejo de administración de General Electric, que designan a esta persona sin estar cualificada, y, además, omite asignar un supervisor de la reparación del aparato".

Por su parte, la jueza del caso, María José Gil Corredera, ha señalado que ella no tiene por qué pronunciarse sobre este tema de la querella, "es una cuestión del Juzgado de Instrucción,no una cuestión el Juzgado de lo Penal. Yo me tengo que limitar a la práctica del juicio oral, tal y como lo estamos desarrollando".