En concreto, el juez investiga la persecución realizada por las autoridades de la República Popular China desde 1999 a la comunidad religiosa Falun Gong, a consecuencia de la cual habrían sido encarcelados y torturados muchos de sus practicantes.

La querella, presentada en 2003 por el colectivo religioso Falun Gong, está dirigida contra el ex presidente de la República Popular China Jiang Zemin y contra el director de la Comisión Nacional de Políticos y de la Ley, Luo Gan, por genocidio y torturas.

En noviembre pasado, la Sala Segunda del Tribunal Supremo obligó a reabrir la investigación al estimar el recurso de amparo promovido por varios miembros de Falun Gong contra la decisión del juez Moreno -ratificada por el Tribunal Supremo- de archivar la querella contra las autoridades chinas.

Los magistrados del Alto Tribunal consideraron que la decisión del juez Moreno de archivar la querella vulneró el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva.

Para subsanar esta situación, el Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones recurridas y ordenó la retrotracción de las actuaciones.