Moreiras tomó declaración el pasado viernes al presidente, Emilio Botín; al consejero delegado del banco, Rodrigo Echenique, y al jefe de la asesorería fiscal, Julio Banacloche, a los que dejó en libertad sin fianza.

El juz declaró a través del gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, que tampoco de lo actuado hasta el momento puede desprenderse que los testigos dieran instrucciones a los directores de las sucursales implicados para que aportaran a la inspección de Hacienda datos alterados fraudulentamente.

No obstante hizo constar que sólo conocían las operaciones realizadas en sucursales del País Vasco donde, por motivos de seguridad personal, fueron admitidas ciertas claves de seguridad que ocultaban la identida de los propietarios de fondos.

Matizó que por este motivo, según afirmó Banacloche en su declaración, los directores de las oficinas concretaron quiénes eran los auténticos titulares mediante contratos firmados y fotocopia del DNI.

Añadió que, pese a no encontrar indicios de responsabilidad penal en la actuación de los directivos del Banco Santander, no decretará el archivo de la causa referente a ellos mientras no concluya la instrucción del caso, aunque tampoco tiene previsto volver a citarles

El juez dijo que no podrá determinar el número total de testaferros utilizados cuyas identidades correspondían a personas inexistentes, ni el montante del fraude hasta que los peritos judiciales no terminen su informe.

Moreiras señaló también que no puede afirmar que las cesiones irregulares fueran utilizadas para ocultar dinero negro, "pero pudo haber titulares que utilizaran esas cesiones para ocultar dinero al fisco".

Explicó que, por este motivo, tendrá que comprobar si los titulares reularizaron su situación fiscal con declaraciones complementarias o mediante la adquisición de deuda pública especial, ya que el Banco Santander vendió a sus clientes más de 90.000 millones de pesetas de deuda especial y las operaciones de cesiones ascendieron a cerca de 140.000 millones.