La manifestación, convocada bajo el lema "Mesa para la resolución YA!, Euskal Herría decisión acuerdo", tenía por objeto, según los convocantes, exigir la constitución de una mesa de partidos tras la declaración del alto el fuego permanente de ETA.

En su resolución, que se enmarca dentro del sumario 35/02, sobre la presunta relación de Batasuna con ETA y la supuesta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas", el juez insta a la Delegación del Gobierno en Navarra a cursar las oportunas órdenes a los cuerpos y fuerzas de seguridad el Estado para que impidan la celebración de la manifestación.

El magistrado recuerda en su auto que la ilegalizada Batasuna tiene suspendidas sus actividades desde el 17 de enero, pese a lo cual ha auspiciado la citada manifestación.

Grande-Marlaska dice en su auto que, aunque la manifestación fue anunciada por un representante del sindicato LAB, Santos Indakoetxea Arangoa, lo cierto es que esta persona, según informes policiales, pertenece a la ilegalizada Batasuna.

Además, recuerda que las personas que intervieron en las distintas ruedas de prensa celebradas en el Hotel Tres Reyes de Pamplona para dar a conocer la manifestación también pertenecen al citado partido abertzale o a su mesa nacional.

Grande-Marlaska destaca en el auto que el sindicato LAB no realiza ruedas de prensa "suficientemente expresivas" sobre la razón y circunstancias de la manifestación, al tiempo que recuerda su presunta "instrumentalización" por parte de Batasuna y de ETA.

Para el juez, el lema de la manifestación hace referencia a las pretenciones de constitución de la denominada Mesa Política, "auspiciada por el frente militar de la organización terrorista ETA, y de la que se hace reflejo la ilegalizada Batasuna" al presentar la denominada 'comisión negociadora' para el proceso de paz.

NO ES DELICTIVA

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no considera que el objeto de la manifestación de mañana, ni las pancartas o lemas que se iban a utilizar tengan "naturaleza delictiva", según consta en un informe remitido hoy al magistrado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional hace hincapié en que la manifestación ha sido convocada por el denominado Acuerdo Democrático de Base, "integrado por personas, grupos y asociaciones, algunas de ellas legales".

Además, señala que la suspensión de actividades tiene como finalidad prevenir la continuidad en la actividad delictiva, "lo cual es tanto como decir que la medida cautelar de suspensión debe hacerse efectiva para impedir actos delicitivos susceptibles de ser calificados como delitos de terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones".

Para el Ministerio Público, en el presente caso "no existe constancia alguna" de que la convocatoria de la citada manifestación "pretenda transmitir o difundir a la opinión pública mensajes de enaltecimiento o justificación de la actividad terrorista, o de menosprecio o humillación a las víctimas".

Por estas razones, la fiscalía se ha pronunciado en contra de prohibir la manifestación, si bien era partidaria de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adoptasen las medidas necesarias en caso de que se exhibiesen símbolos o pancartas de coentido delictivo.

LA CONVOCATORIA

Según consta en el auto, la manifestación fue comunicada por Santos Indakoetxea a la Delegación de Gobierno de Navarra el pasado 24 de mayo. Días más tarde, el 2 de junio, según publicó el diario GARA, distintas personas, en representación de las organizaciones firmantes del "Acuerdo Democrático de Base" convocaron la citada marcha, prevista para mañana.

La rueda de prensa se celebró en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, en un salón reservado por Angel María Elkano Etxebeste, miembro de la Mesa nacional de Batasuna. Durante el acto informativo tomaron la palabra Beatriz Martxueta Peréz y Mirem Aranguren, relacionadas con asociaciones del entorno de la izquierda abertzale.

En dicha rueda de prensa comparecieron representantes de diversas organizaciones integrantes del denominado "Foro de Debate Nacional", entre quienes se encontraba también Pernando Barrena, miembro de la mesa nacional de Batasuna e imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el citado partido. El diario "Gara" publicó el 3 de junio, que la manifestación se encontraba convocada por distintas asociaciones ilegalizdas, como Batasuna, Askatasuna y Segi.

Posteriormente, el 10 de junio, se celebró otra rueda de prensa en el mismo hotel, en la que participaron, entre otros, Francisco Javier Urrutia Jáuregui, miembro de la mesa Nacional de Batasuna, Begoña Zabala González, integrante de la "comisión dinamizadora del proceso Batasuna", y Mitxel Mendiburu, candidato de la ilegalizda agrupación Herritarren-Zerrenda.

El día siguiente, el diario "Gara" publicó que entre los convocantes de la manifestación se encuentra Juan María Olano, ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía y miembro de la ilegalizada Batasuna, que se encuentra imputado dentro del citado sumario 35/02.