El ayuntamiento decidió querellarse por considerar que las condiciones de riesgo e inseguridad de la infraestructura eran inaceptables.

Los delitos que se imputan a los querellados son los de prevaricación, infidelidad en la custiodia de documentos falsedad documental, riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico.

Benigno Blanco, que ocupaba la secretaría de Estado de Aguas y Costas cuando se presentó la querella, deberá comparecer ante el juez el día 20 del próximo mes de diciembre, en calidad de querellado, al igual que el resto de personas citadas a declarar.

Blanco será el primero en declarar y en enero y febrero lo harán Carlos Escartín, exdirector genral de Obras Hidráulicas; José María Vizcaino, ex jefe del Area de Inspección de Presas del Ministerio de Medio Ambiente; José Ramón González, ex director general de Información y Evaluación Ambiental; Francisco Fiteni, ex director técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Miguel Zueco, ingeniero director del proyecto técnico; Tomás Angel Sancho, ex presidente de la citada confederación, e Iñigo Barahona, coautor del proyecto, ya que el otro autor falleció.

El Ayuntamiento de Sant Liestra basa sus dudas sobre la seguridad del proyecto en diversos documentos, entre ellos sendos informes del Instituto Tecnológico y Geominero de España y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que recomiendan que se sigan estudiando y analizando las laderas del embalse, para determinar con claridad y exactitud su predisposición al deslizamiento cuando se proceda a su llenado.