La querella interpuesta por el sindicato se refiere a hechos ocurridos en marzo cuando se abrió expediente disciplinario a un representante sindical. El expedientado era un miembro de ASP al que se pretendía “amedrentar” para que cesara en su exigencia de cumplimiento de la legalidad y de acabar con las “ilícitas” comisiones de servicios en la Brigada Provincial de Información.

Según el sindicato, el expediente se abrió al margen de los cauces establecidos y se dejaba en manos del director general de la Policía la decisión final. Con la admisión a trámite de la querella, el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria inicia la investigación y acuerda llamar a declarar al director de la Policía, al comisario jefe de la capital alavesa y a un tercer agente.

El sindicato recuerda que ya ha denunciado anteriormente prácticas similares para otorgar puestos de trabajo mediante comisiones de servicios ilegales y existe otro procedimiento por prevaricación administrativa continuada en los tribunales.