La cantidad intervenida corresponde a los 750 millones de pesetas que la empresa declaró haber comprado en facturas falsas, además de un recargo con los intereses correspondientes.

Según explicó el juez del fraude del IVA, la resolución judicial por la que deben depositarse los 900 millones "no es en concepto de fianza preventiva, sino como prueba delictiva".

Juan Ignacio Manresa, subdirector para asuntos fiscales de Cubiertas y Mzov, reconoció hace n año que se habían falsificado facturas por valor de 750 millones de pesetas durante el año 1988, aunque especificó que fue por orden de los cargos superiores de la empresa.

En el caso del fraude del IVA, que se dio a conocer hace poco más de un año, están involucradas unas 150 empresas, la mayoría de las cuales tienen sede en Catalunya, que compraron facturas falsas para defraudar al fisco.