El magistrado ha rechazado la recusación porque, aunque se ha presentado una querella contra él por prevaricación ante el Tribunal Supremo, aún no está admitida a trámite y, por lo tanto, no existe un procedimiento penal contra él.

El artículo 219.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece como causa para una recusación "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubiera dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento".

Tras esta decisión, el magistrado procedió a celebrar la "vistilla" convocada para decidir si renueva la suspensión de actividades de la formación "abertzale" ilegalizada y, por tanto, actuar contra el acto político previsto por Batasuna para el próximo sábado en Barakaldo.

SUSPENSION Y DETENCIONES

Tanto las acusaciones como el fiscal solicitaron la suspensión de actividades de Batasuna y del citado acto, mientras que la defensa se opuso.

Además, la acusación y la fiscalía solicitaron al juez que se identifique y se detenga a los convocantes del acto del día 21 y se les cite como imputados por un presunto delito de colaboración con organización terrorista.

Según fuentes jurídicas, el fiscal encargado del caso, Juan Moral, pidió tanto la suspensión de actividades de Batasuna como del acto del día 21, pese a la existencia de la sentencia por la que el Tribunal Supremo ilegalizó a la formación. El fiscal alegó que la sentencia del Supremo debía tener como efecto la no actuación de Batasuna, a pesar de lo cual la ilegalizada formación sigue actuando.

Los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se pronunciaron en el mismo sentido, al afirmar que, a pesar de la "muerte civil" de Batasuna, ésta sigue actuando.

Por su parte, la defensa aseguró que no puede aplicarse el artículo 139 del Código Penal (que prevé la clausura de empresas y la suspensión de sus actividades) porque Batasuna no existe.

Grande-Marlaska, que aún no ha tomado una decisión al respecto, ha citado para esta tarde a las partes del caso para comunicarles la resolución que adopte.