En el auto, notificado esta tarde, el magistrado ordena al Servicio de Información de la Guardia Civil, UCI y Consejería de Interior del Gobierno Vasco que emitan un informe sobre lo que suceda el próximo día 21.Así, pide que, en caso de materializarse el acto, se expongan las razones por las que no se ha impedido.

Señala además que "cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, bien un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia".

El juez ordena que se oficie a la Consejería de Interior del Gobierno vasco para que comunique a los representantes legales del Bilbao Exhibition Center que se abstengan de ponerlo a disposición de los convocantes del acto previsto para el próximo 21, porque, de lo contrario, podrían incurrir en cualquiera de los citados delitos.

En su resolución, el juez ordena suspender por dos años "todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales en todos y cada uno de los ámbitos y organismos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna".

Así, HB-EH-Batasuna "y cualquier sucedáneo que intente sustituirla o que ya lo haya hecho" no podrán participar como partido, ni convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o asistir a los mismos.

Tampoco podrá efectuar cualquier tipo de actividades propagandísticas relacionadas con el grupo o partido cuya actividad se suspende. CLAUSURA DE SEDES Además, el juez Grande-Marlaska ordena clausurar, también por un periodo de dos años, las sedes de HB-EH-Batasuna, así como aquellos otros que utlice esta formación ilegalizada con éste y otro nombre.

En su resolución, el magistrado ordena cancelar las páginas web y otros servicios que pudieran tener contratados HB-EH-Batasuna en internet.

También comunica a los medios de prensa escrita, radio y televisión esta suspensión de actividades para que la conozcan formalmente "y que ésta se extienda a la utilización como tal grupo o asociación de espacios publicitarios".

La medida tomada por Grande-Marlaska es consecuencia de la suspensión de actividades de Batasuna, que ha vuelto a acordar el juez al amparo del artículo 129 del Código Penal. Esta decisión se adopta en el marco del sumario por el que la Audiencia Nacional investiga la presunta relación de este partido ilegalizado con ETA.

En el auto, el magistrado señala que la sentencia por la que el Tribunal Supremo ilegalizó Batasuna, el 27 de marzo de 2003, "en modo alguno excluye" la competencia de la Audiencia Nacional para decretar la suspensión de actividades de la ilegalizada formación, ante la "reiteración en el comportamiento delictivo". En su resolución, el juez Grande-Marlaska señala que tras la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo, la citada organización, "principalmente sus dirigentes, y en connivencia con la organización terrorista ETA", ha tratado de presentar, en fraude de ley, distintas agrupaciones electorales, "siempre con el fin de vencer el denominado 'ciclo de ilegalización'".

El magistrado afirma que, no satisfecha con esto, Batasuna "ha venido desarrollando el proceso Bide Eginez (Haciendo Camino), el cual culminará en el Congreso Orgánico de 21 de enero de 2.006, que supuestamente se celebrará en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya), en cuyo desarrollo está prevista la elección de la nueva Mesa Nacional; todo ello de conformidad a los estatuto de la ilegalizada HB-EH-Batasuna".

MAS ALLA A su juicio, "la actual Batasuna y sus dirigentes más significativos, muchos de ellos procesados en la presente causa, no se limitan a una actividad pública, más o menos amparada en el libre ejercicio del derecho de expresión, reunión, asociación, etc., sino que pretenden conformar un Congreso Político, resultado final del proceso denominado Bide Eginez-Haciendo Camino".

Dicho congreso, dice el juez, "es la conclusión a un proceso iniciado hace aproximadamente cuatro meses (Asamblea de Alsasua de fecha 24 de septiembre de 2.005), y dirigido a fijar su estrategia, nunca ajena a las directrices de la rama militar de la organización terrorista ETA".

En su opinión, "el que dicho Congreso, lo es de Batasuna como frente político institucional de ETA, que no de una renovada organización, aún cuando utilizara el mismo nombre, cabe inferirlo no sólo de la identidad subjetiva y principal de sus dirigentes, muchos procesados en esta causa, sino principalmente de no poderse determinar, ni con un mínimo grado de probabilidad, el rechazo a la tutela y dirección de la rama militar de la organización terrorista, sino más bien todo lo contrario".

Según la investigación, iniciada por el juez Baltasar Garzón (actualmente en excedencia por estudios en Estados Unidos) y heredada por Grande-Marlaska, "desde su constitución, Herri Batasuna es una estructura controlada por ETA".

En el auto notificado hoy, Grande-Marlaska afirma que "Herri Batasuna forma parte de un complejo entramado terrorista en el que E.T.A. ejerce tanto la dirección máxima como la violencia terrorista". "Evidentemente", añade el juez, "Herri Batasuna no ejerce la violencia terrorista, pero sí colabora logística y operativamente con su desarrollo, y, fundamentalmente, colabora en el objetivo de la misma, en el hecho de aterrorizar a ciudadanos e instituciones que suponen un obstáculo para los objetivos del conjunto". El actual responsable del juzgado de Instrucción 5 ha decidido suspender las actividades de la ilegalizada formación después de que el fiscal y los abogados de la acusación, entre quienes se encuentra la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se mostraran esta mañana a favor de impedir que se celebre el acto anunciado. La actividades de Batasuna estuvieron suspendidas durante tres años y hasta agosto de 2005, pero esta medida cautelar no se renovó este verano al considerar que tras la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo ya no era necesario.