Ésta es la primera vez que un juez de la Audiencia Nacional ordenar retirar el nombre de un etarra de una vía pública. La decisión del juez puede ser recurrida en apelación.

En el auto de Grande-Marlaska, el juez advierte a la alcaldesa de que una negativa a acatar sus ordenes podría entenderse "como indicio racional de criminalidad", en concreto como un delito de desobediencia.

Aún así, el magistrado decidió dejar en libertad a Beitialarrangoitia, acusada por la asociación Dignidad y Justicia de un delito enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, al haber mantenido la placa, el monolito y el parque dedicados al miembro de ETA.

El etarra Ariztimuño, jefe del "comando Araba" de ETA a finales de los 70 e involucrado en el asesinato del comandante Jesús Velasco Zuazola -cuyos familiares se han sumado a la querella de Dignidad y Justicia-, murió en marzo de 1981 en un enfrentamiento con la policía.

Durante su declaración ante el juez, que duró cerca de una hora y media, Beitialarrangoitia se defendió de las acusaciones señalando que el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Hernani decidió colocar la placa y el monolito de homenaje al etarra Ariztimuño fue adoptado en 1982, cuando ella tenía sólo 14 años y, por lo tanto, no formaba parte del consistorio.

Pero para Grande-Marlaska, el hecho de que Beitialarrangoitia, a pesar de haber sido requerida para ello,haya decidido mantener los símbolos de homenaje a Ariztimuño revela "una voluntad cierta de loar" al etarra.

El juez señala que "a nadie se le puede negar" que el mantenimiento de la placa y el monolito en recuerdo del etarra "conlleva en la actualidad su loa personal" y determina "una humillación constante en el sentimiento legítimo no sólo de las víctimas, sino de cualquier ciudadano con sólidos principios democráticos".

Además, Grande-Marlaska recuerda que Beitialarrangoitia está imputada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por un delito de enaltecimiento del terrorismo al haber homenajeado en un acto público a los etarra Igor Portu y Mattin Sarasola, los presuntos autores del atentado de la T-4 de Barajas.

Para el cumplimiento efectivo de sus órdenes, Grande- Marlaska requirió a la Ertzaintza para que acuda a Hernani y certifique la retirada de la placa y el monolito en recuerdo del etarra, así como para que garantice que no vuelven a colocarse "en ninguna forma gáfica imaginable".

Con respecto a la retirada del nombre del etarra Ariztimuño de los callejeros municipales, el juez envió un exhorto al Juzgado Decano de Instrucción de San Sebastián para que sea éste quien notifique personalmente a Beitialarrangoitia la orden.

En cambio, el juez decidió no ordenar al Ayuntamiento de Hernani cambiar de nombre la plaza en la que precisamente se encuentra el consistorio, llamada "Gudarien Enparantza", "plaza del soldado vasco" en euskera, tal y como había solicitado la asociación Dignidad y Justicia.

Grande-Marlaska señala que, a pesar de albergar "una mínima duda razonable", es posible que la citada plaza esté dedicada a los cerca de 200 soldados vascos que fallecieron enHernani durante la Guerra Civil y no a los militantes de ETA, tal y como defendió Beitialarrangoitia durante su declaración.

DISCREPANCIA DE CRITERIO

Esta decisión de Grande-Marlaska se produce en un momento en el que los distintos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional y las distintas secciones de su Sala de lo Penal parecen no ponerse de acuerdo sobre cual debe ser el criterio jurídico a seguir con respecto a las querellas presentadas contra los ayuntamientos del País Vasco y Navarra que mantienen en sus localidades vías públicas dedicadas a terroristas.

De esta forma, el pasado 14 de mayo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenaba al juez Santiago Pedraz reabrir la investigación sobre el alcalde de Arrigorriaga (Vizcaya), Alberto Ruiz de Azúa, también del PNV, por mantener en su localidad una plaza que lleva el nombre del etarra José Miguel Beñarán, alias "Argala".

En aquella ocasión, los magistrados de la Sección Tercera consideraron que la actitud del alcalde de Arrigorriaga, al mantener la calle con el nombre del etarra "Argala", podría tener "una aparente significación penal", independientemente de que Ruiz de Azúa no formase parte de la corporación municipal que acordó dar el nombre del citado miembro de ETA a la vía pública.

En contra de estos criterios, el pasado 26 de mayo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó definitivamente la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia contra el alcalde de Amorebieta (Vizcaya), David Latxaga, también del PNV, quien había sido acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo por mantener varías calles con nombres de etarras.

Para los magistrados de la Sección Cuarta, presididos por la jueza Teresa Palacios, Latxaga no puede ser considerado responsable penal de la existencia de calles con nombres de etarras en su municipio ya que él no formó parte del consistorio que decidio otorgar a las vías nombres de miembros de ETA.

En la Audiencia Nacional, además de las querellas ya tramitadas referentes a los ayuntamientos de Hernani, Zizurkil, Amorebieta y Arrigorriaga, están también pendientes de admisión a trámite las demanda de Dignidad y Justicia contra los consistorios de Durango, Lejona, Etxebarri (Vizcaya), Tolosa y Etxarri-Aranaz (Navarra), también por tener en sus localidades calles con nombres de etarras.