Según informaron fuentes de la Audiencia Nacional, Grande- Marlaska imputa a Ibeaz e Iraola un delito de integración en banda armada y varios delitos de estragos y daños terroristas por su presunta vinculación a un grupo de apoyo a ETA.

Durante su declaración, que duró cerca de 45 minutos, los detenidos negaron tener ningún tipo de relación con los hechos investigados y haber participado en actos de "kale borroka".

Ibeaz e Iraola fueron detenidos en la madrugada del pasado martes en Rentería (Guipúzcoa) en el marco de una operación en la que habían sido arrestados con anterioridad otras 10 personas en esta misma localidad así como en los municipios guipuzcoanos de Oiartzun y Mondragón.

Precisamente el pasado martes, Grande-Marlaska decretó el ingreso en prisión provisional e incondicional de cinco de estos diez detenidos y dejó en libertad bajo fianza a otros cuatro.

Los diez detenidos que declaracon el martes ante Grande- Marlaska, de edades comprendidas entre los 20 y los 27 años, eran Mikel Otxoa, Alex Etxeberría, Haizea Iriarte, Xabier Lujanbio, Harkaitz Antza, Gorka Etxeberría, Aitor Alberdi, Aitor Franco, Beñat Burlada y Josu Arruabarrena.

En concreto, el juez ordenó el ingreso en prisión incondicional para Lujanbio, Antza, Alberdi Franco y Arruabarrena.

En cuanto al resto, Grande-Marlaska decretó prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros para Alex Etxeberría. Asimismo, dictó prisión eludible bajo fianza de 3.000 euros para Beñat Burlada, Haizea Iriarte y Gorka Etxeberría. Dejó en libertad, pero con la obligación de comparecer quincenalmente ante los juzgados, a Mikel Otxoa.

En los registros domiciliarios efectuados por la Policía Nacional en el marco de esta operación fueron requisados ordenadores, material informático, propaganda de la organización ilegal Segi, teléfonos móviles y diversa documentación.

El Ministerio del Interior atribuye a los detenidos numerosos atentados con artefactos incendiarios contra instalaciones policiales, sedes de partidos, bancos, estaciones de tren, transporte público y mobiliario urbano desde el año 2005.

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que la operación, sobre la que pesa el secreto de sumario, continúa abierta.