La rebaja decretada por el magistrado es mayor que la que le había solicitado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que apostaba por reducir a 200.000 euros la citada fianza, y por encima de la que había pedido la defensa de Otegi, que quería que se dejara en 12.000 euros.

En el auto, el juez Garzón alega que si bien la fianza impuesta en su momento pudo estar justificada para paliar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva, "lo cierto y verdad es que después de los meses transcurridos y varios permisos de salida del territorio nacional, no ha incumpliddo ninguno de ellos".

"Por tanto", concluye Garzón, "existen contraindicios suficientes que demuestran aquella ausencia de riesgo" en el caso de Otegi.

Además, señala que la fianza debe ser fijada "a la verdadera capacidad económica del sujeto", que en el caso de Otegi, "es notorio que no llega a cubrir los gastos que origina una fianza de esta envergadura".

Asimismo, sostiene que la presencia del procesado en procedimiento, "al menos hasta el momento presente, está garantizada".

Así, añade que la suma que propugna Otegi y la que marca el fiscal, "son insuficiente y excesiva respectivamente", considerándose adecuado dejar la fianza en 50.000 euros.