Así consta en los autos por los que ha decidido prorrogar dos años más la prisión provisional de nueve imputados en este caso:Jamal Zougam, considerado autor material de la masacre y principal implicado en los atentados del 11-M, Emilio Suárez Trashorras, Rafa Zouhier, Basel Ghalyoun, Hamid Ahmidam, Otman El Gnaout, Rachid Aglif, Abdelilah El Fadual El Akil y Fouad El Morabit.

En las nueve resoluciones, el juez señala que prorroga la prisión provisional de todos ellos "sin perjuicio de la revisión jurisdiccional que se efectúe de las situaciones personales, al dictarse el auto de procesamiento en las presentes actuaciones, lo que se hará en plazo breve, en todo caso, con anterioridad al 10 de abril de 2006".

Por otra parte, en los autos por los que amplía la prisión provisinal de Jamal Zougam y de Fouad El Morabit , Del Olmo señala que "la instrucción ha permitido aflorar una estructura ramificada en un marco internacional, con referentes locales en España, pero también en Francia, Bélgica e Italia (por ceñirse al ámbito europeo)".

Asimismo, señala que dicha estructura ramificada "se ha mostrado muy activa, no sólo en su labor de propaganda radical islamista y en el proselitismo de nuevos adeptos para ser enviados a las zonas en conflicto con Iraq, sino en su capacidad para crear presuntas células terroristas a nivel local europeo destinadas a llevar a cabo acciones terroristas (como los atentados de Madrid)".

Para el magistrado, "en esa estructura ramificada, el factor personal nacional como aglutinante ha sido superado, al enmarcarse las redes en una estrategia salafista yihadistia".

De esta forma, dicha estructura utiliza "entramados de grupos terroristas (como el GICM) para facilitar el traslado, cobijo y protección de presuntos miembros de organizaciones terroristas islamistas" y dar la cobertura necesaria, con documentación falsa y dinero para huir del territorio español, como sucedió en el caso los atentados terroristas en Madrid, tras los cuales, varios implicados consiguieton escapar hacia Francia y Bélgica, hasta que su rastro se dio por perdido.

DELITOS GRAVES Y RIESGO DE FUGA

En las nueve resoluciones, el magistrado afirma que prorroga la prisión provisional hasta el máximo legal permitido, cuatro años, porque se trata de imputados por delitos graves y están inmersos en un procedimiento de "gran complejidad y de especial gravedad" en España.

Asimismo, sostiene que su arraigo en España "no es factor determinante que evite o impida el riesgo de huida" y que el entorno en el que se desenvolvían en libertad estaba "íntimamente relacionado" con supuestas redes delincuenciales.

En cuanto a Suárez Trashorras, el magistrado rechaza que deba quedar en libertad, debido a los problemas psíquicos que al parecer padece y que, según el letrado del ex minero, se han agravado desde que está en prisión.

Para el magistrado, "si su situación de ingreso penitenciario genera una tensión psíquica, esa realidad puede ser perfectamente atendida por la red penitenciaria (centro psiquiátrico-penitenciario si fuera necesario, llegado el caso)".

"En modo alguno supondría, con los datos existentes, una justificación para obtener libertad alguna, por cuanto no existe ni se refiere riesgo vital, ni la situación de libertad determinaría, por sí misma, una disminución relevante de su situación psíquica", añade el juez.

Según la legislación vigente, la prisión provisional, es decir, el tiempo que una persona puede estar encarcelada antes de que se celebre juicio contra ella no puede superar los cuatro años.

Se da la circunstancia de que, este mes de marzo, algunos de los imputados cumplen dos años en prisión provisional, por lo que el juez debe estudiar si prorroga esta situación otros dos años más.

A partir de este mes de marzo, el magistrado deberá estudiar la situación del resto de los imputados, que fueron detenidos a lo largo de 2004 y que en 2006 cumplirán dos años de prisión preventiva.