La orden de busca, captura y detención a efectos de extradición va dirigida contra el sargento Thomas Gibson, que fue la persona que disparó desde el tanque contra el Hotel Palestina; el capitán Philip Wolford, que autorizó la acción; y el teniente coronel Philip De Camp, que ordenó el ataque contra el hotel.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato.

El magistrado ha tomado la decisión de librar las órdenes de detención internacional contra los tres militares "a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".

En su resolución, Pedraz recuerda que el juzgado libró dos solicitudes de auxilio judicial, una el 21 de abril de 2004 y otra el 6 de junio de 2005, sin que Estados Unidos haya respondido aún.

La primera de las comisiones rogatorias se remitió para averiguar si Estados Unidos había abierto alguna investigación sobre los hechos y pedía también la documentación que obrara en los departamentos de Estado, de Defensa y de Justicia sobre lo sucedido.

La segunda comisión rogatoria se remitió para recibir declaración en calidad de imputados y con asistencia letrada a los militares. El juzgado ofreció incluso la posibilidad de que una comisión judicial se desplazara a Estados Unidos para practicar esta diligencia.

En su resolución, el magistrado señala que el silencio de Estados Unidos se produce "a pesar del vínculo de cooperación mutua entre España y aquel país establecido por el tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal de 20 de septiembre de 1990".