El abogado del sacerdote, Joaquín Ruiz Giménez, solicitó su excarcelación ante la existencia de un "clamor popular que pide que vuelva a ejercer su misión pastoral", a lo que se opusieron el fiscal y la acción popular,representada por la Asociación Víctimas del Terrorismo.

El fiscal elaboró un informe contrario a la concesión de la libertad por estimar que los delitos que se le imputan al arcipreste se castigan con penas que van desde los 6 a los 12 años de prisión, lo que imposibilita su excarcelación.

Treviño reconoció ante el juez que, "por razones humanitarias", entregó a Rekarte y Galarza las llaves de su parroquia para que pasaran una noche, a pesar de que éstos eran acusados de haber perpetrado un atentdo con coche-bomba en Santander, que costó la vida a tres personas.

Las acusaciones sostienen que Treviño sabía "quiénes eran y de dónde venían" los dos jóvenes, entre otras cosas porque su pertenencia a la banda terrorista había trascendido a través de los medios de comunicación y era conocida por todos los habitantes de Irún, donde nació Rekarte.