De esta manera, el TSJC ratifica sentencias anteriores en las que se había indicado la no procedencia de la adopción de medidas cautelares de suspensión del sacrificio obligatorio de reses positivas o sospechosas, "primando los intereses generales de erradicación de las enfermedades que afectan a la cabaña de la región sobre los intereses particulares".

En este sentido, el alto Tribunal cántabro reconoce la no procedencia de la adopción de medidas cautelares de este tipo, cuando el daño causado es exclusivamente económico, ya que éste es objeto de reparación mediante las indemnizaciones y compensaciones que efectúa la propia Administración.

Por este motivo, y en cumplimiento de la sentencia del TSJC, se procedió a la recogida y sacrificio de la res positiva a brucelosis bovina, que suponía un riesgo para la salud pública y para el resto de cabañas ganaderas del municipio de Cieza.

El Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla explica en la nota difundida hoy que los pastos comunales de Cieza, al igual que los de los municipios de Valdeolea y Lamasón, se encuentran cerrados debido a la alta prevalencia de brucelosis bovina en las explotaciones de estos municipios.

Durante el tiempo que han permanecido cerrados los pastos se han efectuado controles periódicos con el fin de detectar las explotaciones positivas que pudiera haber en los mismos.

Esta situación permitirá que en el momento de la apertura, prevista para el 30 de abril, las reses de los ganaderos no afectados por la enfermedad puedan aprovechar los mismos con garantías de no verse infectadas por la enfermedad, según el Gobierno regional.