Tras rechazar las acusaciones qu se le imputan en Estados Unidos así como a ser extraditado, López Arriortúa fue puesto en libertad provisional por el juez Del Olmo, quien dictó un auto por el que ordena la retirada del pasaporte al ejecutivo, así como la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia y la obligación de comparecer ante el juzgado correspondiente una vez a la semana.

Ahora, el juez elevará el caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cual celebrará una vista por la que se decidirá si López Arriorúa debe ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, la última palabra sobre la petición norteamericana la tendrá siempre el Consejo de Ministros.

BUSCA Y CAPTURA, NO DETENCION

Por otra parte, las mismas fuentes negaron también que Estados Unidos hubiese solicitado la detención de López Arriortúa, quien se presentó en la Audiencia Nacional a las 12,15 horas y se marchó de allí cerca de una hora y media después.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron a Servimedia que, junto con el expdiente de extradición contra López Arriortúa remitido por Estados Unidos, se adjuntaba una orden de busca y captura con el fin de que Superlópez fuese puesto a disposición judicial.

Sin embargo, no fue necesario cumplir dicha orden, dado que el ejecutivo compareció voluntariamente ante la Audiencia Nacional al conocer que el Consejo de Ministros del pasado 23 de junio había dado luz verde al proceso de extradición.

Además, según las mismas fuentes de la Audiencia Nacional, el expediente de exradición llegó a la Audiencia Nacional el viernes 30 de junio, pero el caso no fue adjudicado hasta el lunes 3 de julio, dos días después de que López Arriortúa compareciese de forma voluntaria ante el juez Baltasar Garzón, que se encontraba de guardia.

Ese día, López Arriortúa presentó ante el juez varios certificados médicos que acreditan las secuelas físicas y psíquicas, como pérdida de memoria, que padece a raíz del grave accidente de tráfico que sufrió en 1998.

LOS HECHOS

Los Estados Uidos acusan a López Arriortúa de haber robado presuntamente documentos confidenciales de General Motors, compañía que abandonó en 1992, cuando era su vicepresidente, y haber entregado dicha información a sus nuevos jefes en Volkswagen.

La documentación presuntamente sustraída por López Arriortúa hacía referencia a plantas de fabricación, planes de nuevos modelos de coches y listados secretos de precios a proveedores.

En su día, Volkswagen y General Motors llegaron a un acuerdo por el que la pimera pagó a la segunda un total de 17.300 millones de pesetas. Además, la compañía alemana se comprometió a comprar material a la segunda por valor de 173.000 millones de pesetas.

Los tribunales estadounidenses imputan a López Arriortúa un total de seis cargos, cada uno de los cuales está penado con un máximo de 10 años de prisión y multas de 1,7 millones de pesetas.