Así consta en el auto por el que Grande-Marlaska, que esta semana termina su trabajo al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, decreta la libertad provisional sin medidas cautelares de ambos, a quienes se imputa un presunto delito de colaboración con organización terrorista,

En su resolución, el magistrado señala que de la investigación llevada a cabo se infiere, "en grado de seria probabilidad", que ambos empresarios, socios de Azpiroz y Saralegui S.L. (AZYSA, S.L.) fueron objeto, en el año 2001, de extorsión económica por parte de ETA.

Así, el 29 de abril de 2006, es decir, cuando ETA ya había declarado el alto el fuego indefinido, ambos hicieron llegar a Julen Kerman Madariaga Aguirre, cofundador de ETA, la suma de 54.000 euros y lo hicieron a través de un abogado de su confianza, cuyo nombre se desconoce.

Según el auto, ambos empresarios quisieron hacer constar que "deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado 'Proyecto de Paz'".

Este extremo, según el juez, viene "avalado" por las manifestaciones que "de forma clara y expresiva" ha hecho Julen Madariaga en Francia, detenido en el país vecino, en la operación hispano-gala conra el aparato de extorsión de ETA.

El juez señala que, dentro de la citada operación, "en el domcilio de José Antonio Cau Aldanur se aprehendió el 'recibo' original donde ETA reconocía el citado pago de 54.000 euros".

LO DESCONOCEN

Sobre este extremo, fuentes jurídicas señalaron que ambos empresarios respondieron hoy al juez Grande-Marlaska que no saben a qué obedece la existencia de ese recibo y que, en cualquier caso, no estaba en su poder, sino en el de la banda terrorista.

Para el magistrado, los "concretos indicios racionales de criminalidad" contra estos dos empresarios se deducen del citado recibo, así como de la declaración prestada en Francia por Julen Madariaga.

Asimismo, Grande-Marlaska señala que las manifestaciones de Julen Madariaga "quedan confirmadas por el contenido de concretas observaciones telefónicas en días posteriores al 29 de abril de 2006".

Para el magistrado, ante estos indicios, la negativa de ambos empresarios a reconocer el pago "únicamente cabe entenderla como ejercicio legítimo del derecho de defensa y del derecho a no declarar ni confesarse culpable".

En opinión del juez, "es ajeno a la lógica que únicamente (...) hubieran recibido dos cartas de extorsión y ambas aproximadamente en el año 2001", como afirman ambos empresarios.

"De las investigaciones desarrolladas sobre el 'aparato de extorsión' de ETA, debe concluirse que la misma no cesa en su criminal actividad de esa forma, salvo haber llegado a un acuerdo de pago o aplazamiento del mismo, siendo habituales que las 'remesas' por cada empresario renuente y antes de actuar sobre ellos sea al menos de 4 cartas", argumenta Grande- Marlaska.

José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero fueron detenidos el viernes por la noche, a raíz de la operación hispano-francesa llevada a cabo contra el aparato de extorsión de ETA, que se ha saldado con un total de 12 arrestados (5 en España y 7 en Francia).

AGUIRRE Y ARZALLUZ

Precisamente en relación a esta trama, el magistrado ha citado para mañana, en calidad de imputado, por un presunto delito de colaboración con organización terrorista, a Gorka Aguirre, miembro de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y jefe de Relaciones Externas de esta formación.

Fuentes del PNV aseguraron a Servimedia que Aguirre fue sometido a una intervención quirúgica el martes pasado y que se encuentra "convaleciente", por lo que no podrá acudir mañana a la Audiencia Nacional. Sin embargo, fuentes jurídicas señalaron que, por el momento, la citación sigue en pie.

También mañana, Fernando Grande-Marlaska tomará declaración, pero en calidad de testigo, a Xabier Arzalluz, ex presidente del PNV.