El magistrado se ha dirigido al Constitucional antes de sancionar a Raimundo H.R., vecino de Las Palmas, que se negó a participar en un jurado popular.

El magistrado asegura que ientras la Constitución dice que formar parte del jurado es "un derecho", la Ley Orgánica que crea la figura del jurado es de rango inferior y ya no habla de un derecho, sino de una obligación cuyo incumplimiento puede ser sancionado económicamente.

En declaraciones al periódico local "La Provincia", Eduardo de Urbano afirma que obligar a un ciudadano a participar en un jurado popular "es algo tan grotesco como obligar a alguien a ser ministro o concejal porque tienen el derecho de serlo".

"El qu la Constitución garantice determinados derechos como el de reunión, manifestación o el de asociación, no significa que se tenga que obligar indefectiblemente al ciudadano a hacerlo", alega el magistrado.

En el escrito que ha remitido al Constitucional, Eduardo de Urbano insiste en que "estimó de dudosa constitucionalidad imponer sanciones por no querer participar en determinados derechos políticos que la Constitución garantiza, pero no obliga a cumplir".