En un auto al que ha tenido acceso Servimedia, la juez concluye que los hechos objeto de la investigación son constitutivos de los delitos de estafa, alzamiento de bienes, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil.

La juez considera que "la instrucción debe considerarse agotada, ya que su continuación es inútil a los efectos de procurar la acreditación de nuevos tipos delictivos que, en todo caso, habrían prescrito o habrían resultado despenalizados a osteriori".

El caso surgió a raiz de una querella interpuesta por la sociedad de valores y bolsa CAB, en la que trabajaba el "broker" Batasar Egea, quien acusó a Alfaro de provocar su quiebra en dos cartas remitidas al juzgado antes de suicidarse y matar a su mujer e hijo.

La sociedad de valores considera que Alfaro falseó las firmas de unas letras por valor de 296 millones de pesetas que debía cobrar y que supuestamente estaban rubricadas por el empresario y su hija.