Según el auto, notificado esta mañana, la clausura tendrá una duración de dos años y deberá ser llevada a cabo por la Guardia Civil, con cobertura de la Ertzaintza.

La decisión del juez se basa en la declaración prestada por Ibon Meñika, que corrobora, según el magistrado, que la citada "herriko taberna" continuaba actuando en el entramado para financiar a la banda terrorista, a pesar de que su actividad económica está intervenida judicialmente.

En el mismo local, según señala el auto, "se procedían a vender bonos tendentes a la financiación de las campañas electorales en que se presentaba la ilegalizada Batasuna, principalmente en el transcurso del año 2004".

Asimismo, afirma que Ibon Meñika, como responsable de Ekin en Vizcaya, "mantenía continuas reuniones con responsables de las distintas zonas de dicha provincia".

En el auto, el juez Grande-Marlaska señala que las "conocidas como Herriko Tabernas se encuentran gestionadas directamente por la ilegalizada Batasuna" y cumplen diversas funciones, "principalmente de financiación, logística y propaganda del entorno de ETA-KAS-EKIN (MLNV)".

Según el magistrado, esa relación de las herriko tabernas con el entorno de ETA se desprende de la documentación intervenida en este caso, de las declaraciones de los imputados y de observaciones telefónicas.

EJE DE DISTRIBUCIÓN

Asimismo, sostiene que la "Red de Herriko Tabernas" de Herri Batasuna, por su propia caracterización política y su ubicación geográfica, es un "eje de distribución de los diversos materiales políticos y de formación elaborados, principalmente por las estructuras de dirección ETA-KAS-EKIN, del MLNV".

"Esta funcionalidad de las Herriko Tabernas como Red de Distribución para los materiales propagandísticos, tanto de ETA-KAS-EKIN como de sus organizaciones afines, es claramente asumida por la organización terrorista que, en diversa documentación destaca esta caracterización de las sedes sociales de las Herriko Tabernas", dice.

La clausura de esta "herriko taberna" se enmarca dentro del sumario 35/02, en el que se investiga la supuesta relación de la ilegalizada formación "abertzale" con ETA y la presunta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas".

Ya el pasado 10 de febrero, Grande-Marlaska clausuró, también por dos años, una "herriko taberna" en la que, según un informe de la Guardia Civil, se reunieron los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena dos días después de que el magistrado hubiese suspendido las actividades de la ilegalizada formación y prohibido la celebración del acto que ésta tenía previsto celebrar en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya).

Fue en mayo de 2003 cuando el magistrado a quien sustituye Grande-Marlaska, Baltasar Garzón, decretó la administración judicial de 75 "herriko tabernas" y asociaciones culturales dependientes de Batasuna.