Según ANPU, pese a que el director general tiene la facultad de abrir expedientes disciplinarios a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que infrinjan las normas, la suspensión de funciones que se decrete siempre tiene que estar motivada y no pude implicar violación de derechos amparados en las leyes.

"Sin embargo", afirma el sindicato en su escrito de querella, "el director general de la Policía habitualmente procede a acordar la suspensión provisional de funciones, y siempre sin motivar las causas por las que dicha medida es acordada, dejando lógicamente en una situación de indefensión a la persona que la sufre, ya que le suspende de sus funciones sin ni siquiera haberlo oído".

Esta actuación es aún más grave, agrega ANPU, cuando la sspensión es acordada contra representantes de los sindicatos legalmente reconocidos en la Policía, por el mero hecho de hacer declaraciones críticas.

Además, según esta asociación policial, Rodríguez Colorado suele decretar suspensiones de funciones que superan los plazos marcados por el Reglamento Disciplinario.

A juicio de la Asociación Nacional de Policía Uniformada, estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta en asunto administrativo). Fuentes de ANPU expresaron su satisfacción por la admisión de la querella e indicaron que el sindicato ha "pagado" por acciones sindicales 755 días de suspensión, repartidos entre sus representantes de todas las regiones.