El magistrado rechaza así los recursos de reforma interpuestos por el fiscal del caso y el abogado del Estado contra su decisión del pasado 10 de octubre de inhibirse en favor del juzgado número 21, en los que alegaron que el juez carecía de datos para determinar que los hechos eran conexos.

El juez Coronado señala en un auto que "existe una total conexión" entre los hechos investigados por ambos juzgados y agrega que de los esritos de calificaciones del fiscal y las acusaciones en el "caso Ibercorp" así como del auto de apertura de juicio oral dictado por la titular del juzgado número 21 "queda acreditado, al menos para el instructor, que no ha sido necesario ningún ejercicio de adivinación, como alega el ministerio fiscal, para establecer la conexidad entre los hechos de uno y otro procedimiento".

Asimismo, califica de "absurda y carente de todo sentido jurídico" la alegación de los recurrentes de que la inhibición no puee realizarse entre juzgados del mismo partido judicial. En su opinión, esa afirmación no es acorde con la realidad del contenido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque ésta en ningún momento limita las cuestiones de competencia que puedan surgir entre dos juzgados a aquellas que se refieran a juzgados de distintos partidos judiciales.

Finalmente, también rechaza las cuestiones de orden práctico alegadas por el fiscal y el abogado del Estado, que consideraron que la inhibición generaría un sumariomuy complejo que daría lugar a un "macroproceso".

El juez Coronado señala que ningún precepto del ordenamiento jurídico regula dichas razones de orden práctico y agrega que "de todos es conocidos los 'macroprocesos' seguidos ante alguno de los juzgados centrales de instrucción (de la Audiencia Nacional) y no por ello la causa se ha repartido entre los restantes, por las razones de orden práctico que se invocan".

Ante esta decisión del magistrado, el fiscal y el abogado del Estado pueden recurrir n apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Por otra parte, el juez remitirá a la titular del juzgado número 21, Mari Paz Redondo, en el caso de que tengan relación con los hechos que investiga, los resultados de la comisión rotagoria que libró el pasado viernes a Suiza con el fin de averiguar si Mariano Rubio y Manuel de la Concha poseen cuentas bancarias en ese país.

Mediante esta diligencia, el magistrado trata de determinar si Rubio y De la Concha han cometido los delitos de cohecho, alsedad en documento oficial, delito contra la Hacienda Pública, delito de negociación prohibida para los funcionarios públicos y uso de información privilegiada.