En un auto, el magistrado recuerda que la investigación de los hechos dio comienzo en abril de 2022 al incoarse diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que concluyeron al interponer una querella que dio origen al procedimiento que se sigue en el Juzgado central de Instrucción 2.

Estas diligencias se mantuvieron bajo secreto hasta el pasado 22 de febrero. Durante todo ese periodo en que se mantuvieron secretas las actuaciones, advierte el juez, no trascendió ni se publicó absolutamente nada del contenido de las investigaciones.

Una vez levantado el secreto, indica, todas las partes tuvieron acceso al procedimiento sin ninguna clase de restricción, al tiempo que recuerda que no puede limitarse la divulgación de informaciones sobre las distintas actuaciones judiciales siempre y cuando tengan relevancia y trascendencia a los efectos del esclarecimiento de los hechos.

En este sentido, apunta Moreno, por parte del juzgado se han tomado las debidas cautelas para evitar que determinados datos o informaciones que afectan a la esfera más personal e íntima de los investigados sean accesibles únicamente para los afectados.

Para ello, el juez recuerda que libró un oficio a la Policía con el fin de que se aportaran en un pen drive las conversaciones orales y telefónicas que aparecen en los informes aportados durante la instrucción a fin de evitar que las partes personadas puedan acceder a las conversaciones que no tenga relevancia alguna para la investigación.