El magistrado reconoce en su auto, fechado el pasado día 10, que no ha sido capaz de reunir pruebas suficientes para mantener la imputación de Villarino, en lo que parece el preludio de un próximo archivo también para la ministra, pero dibuja lo que, a su juicio, era la estructura gubernativa responsable de los hechos.

Considera que en la operación para facilitar la entrada de Gali en España para ser tratado de una infección por covid grave con una identidad falsa participaron “autoridades y funcionarios cualificados de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa […] y puesto que la actuación de ellos fue inmediata y coordinada, lo que nos dice la ley es que el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta”.

Insiste: “La decisión última correspondía al presidente del Gobierno, sabiendo los ministros de Interior y Defensa que por tal decisión debían comunicar a determinadas autoridades y funcionarios de sus departamentos que siguieran las instrucciones que diera Camilo Villarino”.

Pese a esta convicción personal, el juez reconoce que no ha podido hallar evidencias de que Laya o su jefe de Gabinete participaran directamente en la falsificación de los documentos con los que Gali entró en España a petición de las autoridades argelinas para ser tratado en el hospital San Pedro de Logroño.

Tampoco, que hayan incurrido en el delito de encubrimiento, por no informar a la Audiencia Nacional, que tenía abierta una causa contra el líder saharaui, de su presencia en España puesto que “el encubridor ha de conocer sin duda alguna que el sujeto ha cometido un delito, no bastando sospechas o especulaciones”. Así, anticipa lo que será un próximo archivo de esta causa, tal y como pedía la Abogacía del Estado en un recurso, a cuyos argumentos se adhirió en gran parte la Fiscalía.

La exministra y Villarino estaban investigados por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad, por ser los máximos responsables de la operación que permitió la entada clandestina en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, bajo identidad falsa, lo que impidió que la Audiencia Nacional le pudiera reclamar por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Gali llegó a la Base Aérea de Zaragoza a bordo de un avión fletado por el Gobierno argelino y a su llegada no se le requirió documentación alguna. Fue ingresado en el hospital bajo identidad falsa a nombre de un embajador jubilado llamado Mohamed Benbatouche. Eso permitió que la Audiencia Nacional no lo reclamara.

La publicación de que Gali estaba en España desató un intensa crisis diplomática con Marruecos. La Audiencia Nacional acordó más tarde el archivo de las causas contra el líder del Polisario. Más tarde un abogado denunció por prevaricación, falsedad y encubrimiento al Gobierno abriendo la vía penal, que está a punto de agotarse.