En un auto hecho público hoy, la sala ha estimado en parte el recurso interpuesto por el abogado de José Guilló, ex director general de la Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transpotes, contra la negativa del juez Bueren a citar a declarar como testigos a algunos peritos propuestos por su representación.

La sala acepta que los testigos presten declaración de nuevo, ya que, aunque ya habían comparecido con anterioridad ante el juez, el abogado del procesado no se encontraba presente en el interrogatorio.

Esta decisión supone una nueva dilación en la tramitación de la causa de lo que es consciente el tribunal, que insta por ello al instructor "para que agilice en lo que le se posible la realización de las diligencias de prueba ahora admitidas, y las que crea oportunas realizar".

Mientras tanto, los afectados por el síndrome tóxico siguen concentrándose a diario ante las puertas de la Audiencia Nacional para protestar por el retraso que está sufriendo el proceso, que supone la única posibilidad de hacer efectivo el pago de los 500.000 millones de pesetas de indemnización establecidos por el Tribunal Supremo.

En el caso de que los procesados fueran encontrados culpable, el Estado sería considerado responsable civil subsidario y pasaría a encargarse de las indemnizaciones ante la insolvencia de los acusados.

Además del citado José Guilló, se encuentran encausados Manuel Hernández Bolaños, director del Laboratorio Central de Aduanas; Antonio Bardón, jefe de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del ayuntamiento de Valladolid; Roberto Conty, subdirector de Higiene de los Alimentos; Casimiro Palacios, concejalde Sanidad de Alcorcón (Madrid), y Francisco Mayo, concejal de Abastos del mismo municipio.