En un auto hecho público hoy, el juez ordena el procesamiento de un total de 22 personas en relación con estos hechos, acusadas de delitos contra la salud pública, asociación ilícita, prevaricación, falsedad de documento público, tenencia ilícita de armas, robo con intimidación y amenazas.

Los 10 policías procesados son: Antonio Javier López Alcaraz, Francisco Manuel Guerrero Ferreiro, Joaquín Arana Marín, Juan Romero Aranda, Juan Francisco Barreto Romaní, Antonio PostigoButron, Enrique Fernández Sánchez, Manuel Zumaquero, José Luis Gutiérrez González y Manuel Gómez Súarez.

El resto de los encausados son el traficante Luis Fernández Gallego, el confidente Eduardo Rodríguez Pérez, Antonio Ibáñez Rodríguez, Francisco Crespo Vera, Concepción María Rodríguez, Francisco Carrero Ruiz, Manuel Rodríguez Vivas, Luis Fernández Gallego, Francisco Guerrero López, Javier Gil Inaga, Consolación García Apresa, Maria Rosa Valencia Ibañez, Abdelsalam Chioua y Antonia Pérez Chaves.

Según consta en el escrito, el grupo de funcionarios actuaba de acuerdo con el traficante Luis Fernández Gallego, al que vendían la droga requisada en sus actuaciones policiales, a partir de 1989.

Los agentes recibían informaciones puntuales del lugar y hora donde se iban a producir actividades de narcotráfico del confidente Eduardo Rodríguez Pérez.

Gracias a ello, utilizando diferentes medios de intimidación y hasta amenzas de muerte, se apoderaraon de ingentes cantidades de hachís, cocaína, heoína y otros objetos, buscando luego la manera de dar salida a la mercancía a través de Fernández Gallego.

Para preservar la seguridad de sus acciones, los policías decidieron conseguir que el juez de Algeciras interviniera el teléfono del traficante, de forma que pudieran tener el control de posibles investigaciones ocultando el contenido real de las conversaciones mantenidas sobre el tráfico de drogas.

El juez Bueren decreta por estos hechos la prisión provisional sin fianza para Rodríguez Viva, Fernández Gallego, Guerrero Ferreiro, Arana Marín, Romero Aranda, Barreto Romaní y Abdeslam Chioua, a los que estima máximos responsables.

El resto de los procesados permanecen en libertad provisional, excepto el policía Antonio Javier López Aranda, a quien exige una fianza de 500.000 pesetas.