Barbero rechaza en su escrito los argumentos presentados en el recurso interpesto contra el auto de entrada y registro al banco central por la fiscalía, que solicitó la invalidación de la intervención judicial al considerar que, al tratarse de un edificio público, el magistrado debía haber notificado previamente a los responsables su decisión, de acuerdo con el artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El instructor mantiene que en el auto recurrido "no se ha violado ninguna exigencia contitucional de motivación o proporcionalidad, por lo que no cabe nulidad alguna" einsiste en que la omisión del oficio previo "no entraña violación de derechos fundamentales", ni produjo "clara indefensión en términos procesales".

Asimismo, explica que no envió el oficio al encargado del banco "por motivos de entidad sustancial", que prevalecen sobre lo que considera "una pura norma de cortesía", y rechaza que su decisión careciera de falta de motivación, como sostiene la fiscalía.

Barbero encuentra por contra "falta de fundamentación la calificación que hace el fiscal de que as pruebas obtenidas han sido preconstituidas", es decir, obtenidas de forma ilícita por este motivo.

El informe del magistrado se une a otro remitido en días anteriores a la sala sobre el ultimatum dado al PSOE para que entregara sus libros de contabilidad antes de proceder al registro de la sede del partido.

En este escrito, Barbero acusaba nuevamente al fiscal de imposibilitarle en su labor instructora con la interposición sistemática de "recursos que no prosperan", en un tono de reprobación a ministerio público que ha caracterizado la mayoría de sus textos.

La sala, que ha decidido resolver conjuntamente los dos recursos, deberá recibir ahora las alegaciones de todas las partes personadas en el caso antes de deliberar su fallo que, con toda probabilidad, se dará a conocer la próxima semana.