El magistrado hace estas afirmaciones en el recurso presentado por su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, contra la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite la querellapresentada contra él por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido durante su investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El recurso, presentado el pasado sábado ante los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, asegura que Garzón "no forzó de forma esperpéntica las normas del ordenamiento para llevar al ámbito penal" la persecución de los crímenes de la dictadurafranquista y afirma que, en todo momento, la intención del magistrado de la Audiencia Nacional ha sido "garantizar la tutela judicial de las víctimas".

En base a este principio de actuación, el magistrado de la Audiencia Nacional aceptó las denuncias de las víctimas "con la anuencia de la Fiscalía", comprobó si los culpables habían fallecido y, "tan pronto le hubo constado de forma fehaciente el fallecimiento de los mismos, declaró sin demora la extinción de sus posibles responsabilidades y se inhibió a favor de los tribunales competentes".

El escrito también ataca al querellante, el sindicato Manos Limpias, que tilda de "colectivo franquista" y asegura que "es evidente" que la querella presentada contra él "no es más que una burda represalia" por haberse negado a investigar al líder comunista Santiago Carrillo por los crímenes de Paracuellos del Jarama (Madrid).

ADMISIÓN "INACEPTABLE"

El recurso del abogado Martínez Fresneda, de 21 folios, tilda de "jurídicamente inaceptable" la admisión por parte del Tribunal Supremo de la querella presentada contra Garzón.

En su defensa, el magistrado reitera en varias ocasiones ni la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -el órgano jerarquicamente superior a Garzón- ni la Fiscalía, a pesar del "encendido debate jurídico", advirtieron indicios de prevariación en su actuación en el proceso sobre los crímenes del franquismo.

En este sentido, indica que las discrepancias con la Fiscalía fueron "extrictamente jurídicas" y subraya que Garzón "asumió" el criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando, el 2 de diciembre de 2008, tras dos meses y medio de instrucción, concluyó que Garzón no era competente para investigar los hechos.

Ninguno de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "advirtió mala fe ni indicio de conducta irregular" por parte de Garzón, señala el recurso.

Además, señala que las discrepacias entre Garzón y la Fiscalía durante la tramitación del proceso penal contra los crímenes del franquismo se enmarcaron "en una diferente pero legítima interpretación de las normas procesales".

El recurso destaca también que, una vez que este debate jurídico se cerró por decisión de la Sala de lo Penal, Garzón "cumplió fielmente aquellas resoluciones sin manifestar la más mínima discrepancia".

Además, admite que la decisión de incoar diligencias para investigar los citados crímenes "puede ser discutible y originar encendidos debates". "Ahora bien, de ahí a considerar que tal decisión es indiciariamente prevaricadora media un abismo insondable", señala el recurso.

Por último, el recurso señala que el pasado jueves, el Juzgado de Instrucción número 3 Granada, que se debería ocupar de la investigación para exhumar los restos del poeta Federico García Lorca, rechazó la inhibición de Garzón en la causa y aseguró que la competencia para investigar los hechos correspondería a la Audiencia NacionalDECISIÓN DEL SUPREMO

Al tratarse de un recurso de súplica, el escrito está dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo -la misma que admitió a trámite la querella- y no al magistrado que ha sido nombrado instructor del proceso, Luciano Varela.

Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidieron el pasado miércoles admitir a trámite la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra Garzón, al considerar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional podría haber iniciado la investigación sobre el franquismo a sabiendas de que no era competente, lo que constituiría un delito de prevaricación.

El responsable de la querella, el sindicato Manos Limpias pedía en su querella 20 años de inhabilitación para Garzón, así como que se suspenda temporalmente al magistrado mientras se tramita el proceso penal.