El fiscal pedía para Sala penas de inhabilitación ydestierro por delitos de prevaricación contra la libertad de residencia y contra el ejercicio de los derechos cívicos. En 1990, la actual presidenta de Renfe mandó clausurar un bloque de apartamentos en Barcelona en los que supuestamente se traficaba con drogas.

Según el juez, la ex concejala no cometió delito penal porque dictó una resolución administrativa que no excedía de su propio ámbito. En el acta, el titular del Juzgado número 24 argumentó que podía discutirse la forma en que Mercè Sala llevócabo la resolución de clausurar los apartamentos, pero no en la vía penal sino dentro de la vía contenciosa.

Después de la decisión del magistrado Josep Majó, la fiscalía de Barcelona puede recurrir la orden judicial.

Los hechos ocurrieron en 1990, cuando Sala ordenó poner en la entrada del edificio una reja con el fin de impedir que los inquilinos del mismo entraran, ya que presuntamente algunos de ellos traficaban con estupefacientes.

Más tarde el Ayuntamiento de Barcelona volvió a abrirl, al comprobar que los vecinos del inmueble vivían en régimen de alquiler y no de pensión.

La policía, sin embargo, realizó diversas batidas en los mismos apartamentos porque tenía constancia de que vivían en ellos algunos miembros de la llamada "banda de los peruanos", que se dedicaba a robar a los conductores en las autopistas.