El fallo señala que la legislación de comercio, la Ley de Socedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil prohiben el uso de denominaciones idénticas a algunas ya existentes, pero no las que únicamente son semejantes, que es lo que, a su juicio, ocurre en este caso.

Para el tribunal, la diferencia entre la sociedad demandante y la demandanda es tan notoria, la primera universal y pública y la segunda particular, que no cabe el riesgo de concurrencia y confusión de la actividad empresarial de ambas.