De esta forma, Andreu desestima la petición realizada por la defensa de Luis Javier Plácer, sobrino de Aliera, para que la Audiencia Nacional reclamara el caso y obligara al titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, a inhibirse del caso. La decisión no es firme y puede recurrirse.

"No deja de llamar la atención que sea uno de los querellados quien plantee la cuestión, y que a través de la misma pretenda sustentar que los hechos denunciados, de ser ciertos, habrían producido una grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional y un perjuicio patrimonial en unageneralidad de personas en el territorio de más de una Audiencia", explica el juez Andreu.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional añade que, "de aceptarse tal tesis, y en el hipotético caso de que los hechos denunciados se llegasen a demostrar, ello podría llevar aparejado una importante agravación de la pena".

Sin embargo, el magistrado sostiene que si no reclama el caso al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid es porque no se dan los requisitos estalecidos por la ley para que la Audiencia Nacional lo investigue: que el uso de información privilegiada haya dado lugar a defraudación, maquinación para alterar el precio de las cosas o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en más de una comunidad autónoma.

"En el presente caso no se viene a poner de manifiesto la existencia de fraude alguno, sino la realización de una actividad prohibida e beneficio propio que, si genera un beneficio superior a los 75.000.000 de pesetas, está penalmente castigada", afirma Andreu.

Además, añade que difícilmente se puede hablar de un perjuicio patrimonial a terceras personas ya que "la información privilegiada utilizada en beneficio propio hace referencia a una subida en el mercado del precio de cotización de las acciones de la sociedad".

Asimismo, señala que en este caso no se acusa a Alierta de maquinar, manipular o alterar noticias o informacione, "creando expectativas falsas o tendenciosas", sino de aprovechar su cargo como presidente de Tabacalera para utilizar determinados datos en beneficio propio.

En todo caso, existiría, insiste Andreu, "utilización abusiva de una información verdadera, reservada y de utilización prohibida (y penalmente castigada si el beneficio excede de 75.000.000 de pesetas), por quienes tienen conocimiento de la misma en virtud de su cargo empresarial o profesional".

Para este juez de la Audiencia Nacional, en ste caso tampoco se verían afectadas, "de forma grave", la seguridad del tráfico mercantil, ni la economía nacional, ni se habría producido un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en más de una comunidad autonóma.

El Juzgado número 32 investiga una querella de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banco y Bolsa (AUGE) contra Alierta, a quien acusan de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera durante 1997 y 1998.

En un rincipio, el juez Santiago Torres decidió no admitir a trámite la querella, lo que fue recurrido por AUGE ante la Audiencia Provincial de Madrid. Ésta le ordenó abrir procedimiento para determinar las posibles responsabilidades de Alierta.