En una providencia dirigida al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Julio Rodríguez, Andreu señala que el proceso penal abierto en la Audiencia Nacional contra los piratas somalíes "no impide el desembarco de los inculpados en Kenia".

El juez también permite la entrega de los piratas "en cualquier otro punto que por el comandante de la fuerza naval o autoridad competente se considere que reúne las condiciones necesarias de seguridad y operatividad".

La decisión adoptada hoy entra en contradicción con lo afirmado por el propio Andreu la semana pasada cuando, en respuesta a un escrito de la Fiscalía, se opuso a la entrega de los piratas a Kenia porque "quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de las personas que se ven sujetas al mismo".

Es decir, que como Andreu ya había abierto una causa contra los piratas somalíes, su entrega a Kenia quebrantaría las normas constitucionales y los trámites procesales que rigen los procesos de extradición para la entrega de cualquier persona o otro país.

Tras conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel, afirmó que España entragará los piratas a las autoridades keniatas "de forma inmediata".

De hecho, fuentes militares indicaron que el "Marqués de la Ensenada" se encuentra ya rumbo al puerto keniata de Mombasa para entregar a los piratas.

FISCALÍA Y GOBIERNO

La decisión de Andreu llega justo el día en que tanto la Fiscalía como el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, han recurrido la decisión del juez de dejar en libertad a los piratas y rechazar su entrega a Kenia.

En su recurso, la Fiscalía señalaba que la puesta en libertad de los detenidos pedida por la Fiscalía y acordada por Andreu "se refiere exclusivamente a este procedimiento concreto y la misma no impide la entrega de los detenidos a Kenia".

El escrito argumentaba que, en este caso, no se trata de entregar a unas personas que están detenidas a otro Estado en virtud de una reclamación de ese país, lo que sí sería objeto de un proceso de extradición, sino que se trata de "una entrega directa por las fuerzas competentes que han practicado la detención a las autoridades del país que es competente para su enjuiciamiento", en virtud del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Kenia.

Por último, el Ministerio Público señalaba que los procedimientos de entrega de delincuentes "pueden ser también de naturaleza administrativa", como sucede en el caso de los decretos de expulsión de inmigrantes ilegales.