Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que el juez ha podido comprobar que no existe una investigación abierta en Israel tras recibir la semana pasada de la embajada de ese país una traducción al español de la documentación remitida por las autoridades israelíes el pasado 30 de enero.

La documentación, que en un primer momento fue enviada en hebreo e inglés y en cuya traducción "oficial" trabajan todavía los servicios de traducción de la Audiencia Nacional, fue la respuesta de Israel a la admisión a trámite de la querella presentada por el bombardeo contra el ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y otros seis militares.

Todos ellos están acusados de delitos de crímenes de guerra por ordenar o participar en el bombardeo en la ciudad de Gaza en el que murieron 15 personas, la mayoría niños, debido a un ataque de la aviación israelí que pretendía acabar con la vida del presunto líder de Hamás Salah Shehadeh.

La documentación remitada por la embajada de Israel refleja que el Tribunal Supremo de ese país nunca inició una investigación penal por los hechos. Varias víctimas del bombardeo se querellaron ante el Tribunal Supremo de Israel, pero éste, en vez de iniciar una instrucción, pidió a su Gobierno un informe.

El informe, que fue elaborado por una comisión de investigación compuesta por varios ex militares, aseguraba que el bombardeo fue una "ejecución preventiva que provocó los menores daños", por lo que recomendó al Tribunal Supremo que no abriese una investigación, algo que este órgano jurídico aceptó.

La documentación también señala que existieron varias demandas civiles de afectados por los bombardeos que exigieron ante Israel una indemnización, pero todas fueron rechazadas.

A la luz de estos datos, y a la espera de que los servicios de traducción de la Audiencia Nacional redacten la copia oficial en castellano, el juez Andreu ha decidido dar traslado a la Fiscalía y seguir adelante con las actuaciones.

El hecho de que Israel no tenga abierta una investigación penal es fundamental para determinar la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación. La doctrina del Tribunal Constitucional establece que la jurisdicción del país en el que ocurrieron los hechos debe tener preferencia sobre investigaciones de terceros países.

Como primera medida, el juez Andreu volverá a cursar una comisión rogatoria a Israel para poder viajar a Gaza a fin de interrogar "in situ" a la víctimas del ataque aéreo.