Lo primero que ha hecho el juez Andreu ha sido solicitar a la Fiscalía que se pronuncie sobre si considera que los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional y si deben ser admitidos a trámite.

En concreto, los querellantes, todos ellos familiares de las víctimas del ataque israelí, acusan a Sharon y a los altos mandos militares de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Los ciudadanos palestinos decidieron acudir a la justicia española ante las reiteradas negativas de las autoridades israelíes a investigar los hechos.

En concreto, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 22 de julio de 2002, cuando un avión de combate israelí F- 16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza.

El objetivo del ataque era acabar con la vida del supuesto comandante de Hamas Sala Shehadeh, pero en la explosión de la bomba murieron otras 15 personas -la mayoría de ellos niños- y 150 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad.

Los querellantes aseguran que tanto el tamaño desproporcionado de la bomba como las características del barrio atacado -uno de los lugares de mayor densidad de población del mundo- "hacían prever la magnitud de las muertes, lesiones y destrucciones causadas a personas que supuestamente no eran el blanco buscado".

De hecho, según explica querella, la bomba cayó directamente sobre el domicilio de Shehadeh, pero debido a su gran potencia - 1000 kilos de explosivos-destruyó completamente otras nueve casas y 21 más resultaron gravemente afectadas.