El juez llegó a este acuerdo con el abogado del diplomático, Jorge Robreño, después de que éste le entregara un escrito en el que excusaba la presencia de su clente, amparándose en el artículo 42 del Convenio de Viena. Este punto establece que al personal consular se le debe citar por vía diplomática y que puede declarar por escrito.

El cuestionario que deberá responder el cónsul será enviado al Ministerio de Justicia español, que lo remitirá a su vez a la Embajada de Marruecos en España. Según el juez, la citación ya ha sido tramitada a través de la Dirección General de Relaciones Consulares.

A pesar de que a través de este sistema el diplomático no tine un plazo concreto de tiempo para declarar, el juez considera que no es motivo para que se paralice la investigación.

El magistrado que instruye el caso manifestó que aunque se desprende cierta ambigüedad en la interpretación de los artículos del Convenio de Viena sobre la obligación de los diplomáticos de declarar por escrito, decidió aceptar el acuerdo con el abogado para "evitar conflictos diplomáticos".

Las autoridades marroquíes consideraron como un "gesto inamistoso" la citación judicial.Los abogados de los inculpados, por otra parte, comentaron al juez instructor que si la orden de detención contra el cónsul seguía adelante, se podría llegar incluso a la expulsión del embajador español en Marruecos.

Otro de los elementos en los que se basa el juez para inculpar al diplomático marroquí es la detención de nueve marroquíes residentes en Bélgica el pasado lunes, uno de los cuales era intermediario de su consulado.

Según el magistrado, se trata de otra investigación por falsificaciónde documentos, en la cual el intermediario del cónsul había expedido permisos de residencia a estos súbditos marroquíes que vivían en Bélgica.

El intermediario, que tenía la intención de desplazarse en coche para transportar los documentos desde Barcelona a Bélgica, abandonó su vehículo a la altura de la Junquera (Gerona), en un área de servicio, al percatarse de la presencia policial.

La policía francesa requisó los documentos y los envió a la española, según la versión del magistrado. El intermdiario, por su parte, citó a los ocho marroquíes para que recogieran los documentos y posteriormente fueron detenidos por la policía.

Uno de los marroquuíes declaró ayer ante el magistrado Pérez-Beneyto que había pagado 20.000 francos por la compra de los documentos. El resto de detenidos prestará declaración mañana.