El Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España, acreedores de la quiebra, reclaman la devolución de 2.724 y 353 millones de pesetas, respectivamente. El juez tiene previsto estudiar el expediente para decidir si es competente o debe inhibirse en favor de otra sentencia judicial.

simismo, debe determinar si las responsabilidades penales por este fraude han prescrito después de 11 años transcurridos tras la declaración de quiebra voluntaria por parte de los directivos del banco.

Entre los implicados se encuentran el ex presidente de la entidad Higini Torras, que falleció en Brasil en 1989 tras huir de España en 1982, y el empresario Tomás Feliu de Cendra, padre de la farmacéutica secuestrada hace más de un año en Olot (Gerona), Maria Angels Feliu.

La Audiencia Nacional abró diligencias por este fraude y el ministerio fiscal pidió en 1986 un total de 176 años de prisión para los 20 consejeros por presuntos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Sin embargo, el proceso penal fue paralizado por la Audiencia Nacional hasta la resolución definitiva del procedimiento civil, que ha culminado con la ratificación por la Sala Segunda del Supremo de la fraudulencia de la quiebra.

Este tribunal desestimó el recurso de casación presentad por estos consejeros contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona, que fue ratificada en 1990 por la Audiencia de Barcelona.

La declaración de quiebra fraudulenta se basa en diversas irregularidades contables detectadas en la gestión del banco, entre ellas ocultar pasivos y llevar doble contabilidad.