El proyecto parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), adscrita al departamento de Alberto Garzón, y pretende incorporar de manera completa al ordenamiento nacional el Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, según precisó la agencia en un comunicado.

Tras señalar que el esquema actual de toma de muestras y la realización de tres análisis “supone un procedimiento innecesariamente extenso en el tiempo, con las repercusiones que ello conlleva”, la Aesan consideró “conveniente” llevar a cabo la “revisión” de los procedimientos vigentes en este ámbito.

Además, este real decreto pretende establecer los requisitos aplicables a los controles y otras actividades oficiales de la cadena agroalimentaria para su desarrollo y aplicación en España, incorporando también la normativa nacional relativa a las medidas de control aplicables respecto a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos.

Finalmente, incorpora dos órganos de coordinación en materia de controles oficiales como son la Comisión Nacional de Coordinación del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, como órgano de coordinación a nivel de la Administración General del Estado para las tareas relacionadas con el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, y la Comisión Nacional de Coordinación del Plan de la Investigación y Control de Sustancias Farmacológicamente Activas y sus residuos en Animales Vivos y sus Productos, como órgano de coordinación entre autoridades competentes para la planificación, ejecución y envío de resultados de dicho plan.

Según explicó la Aesan, el real decreto constituirá una única norma de “amplio ámbito de aplicación, tendiendo por ello a la simplificación y claridad legislativa” y el texto contempla los avances tecnológicos, científicos y sociales que se han producido en los últimos años, entre los que la agencia citó la informatización de la administración y de la sociedad o los relativos a las normas aplicables a los laboratorios designados para realizar tareas de control oficial.

“Tiene además en cuenta los nuevos requerimientos de la sociedad, como la creciente demanda de información con respecto a los controles oficiales y sus consecuencias por parte de la población o el auge de la comercialización de alimentos y otros productos a través de comercio a distancia”, resolvió.