Este comunicado ha sido rubricado por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

Estas asociaciones dicen van a reclamar "los mismos derechos y beneficios sociales establecidos en la legislación para la función pública en general" en lo referido a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Los miembros de la judicatura entienden que esto debe hacerse sin que para ello "deba ser ningún obstáculo la regulación propia y específica del Estatuto de Jueces y Magistrados".

Por este motivo, las asociaciones señalaron que debería incorporarse a su Estatuto jurídico "todas aquellas iniciativas que den respuesta a las necesidades que vivimos cotidianamente", como las relativas a enfermedad -propia o de familiares-, maternidad, derecho al descanso y a la formación, incapacidad permanente o jubilación por edad.

En este sentido, los representantes de los jueces pedirán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como al Poder Legislativo y Ejecutivo que aborden tales necesidades, "con el fin de que se establezca el marco normativo, con la adopción de medidas concretas".

Esto debería permitir que se introduzcan "mejoras significativas" de las condiciones en que los jueces realizan sus funciones, algo que debería plasmarse en la Ley Orgánica del Poder Judicial y tener el oportuno desarrollo reglamentario.

En esta línea, los jueces entienden que el denominado "Plan Concilia", en cuanto sea compatible con las singularidades y responsabilidades de la función jurisdiccional, es un "ejemplo a seguir", por lo que debería tener una "aplicación inmediata", sin esperar a un desarrollo reglamentario.