Así consta en un comunicado conjunto difundido a través del gabinete de comunicación de la Audiencia Nacional. En el escrito se indica que tales expertos "no deben tener, o haber tenido, relación alguna de cualquier tipo con las sociedades investigadas ni con alguna otra participada por las mismas o con personal de las mismas".

La intervención de estos expertos filatélicos será remunerada, aunque los honorarios no serán satisfechos hasta que termine el procedimiento abierto sobre este caso.

Aquellos expertos filatélicos que quieren contribuir a la investigación deberán presentarse el próximo 23 de mayo, a las 17,00 horas, ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, dirigido por Santiago Pedraz, que instruye el "caso Afinsa", o al día siguiente, a la misma hora, ante el magistrado Fernando Grande-Marlaska (Juzgado Central número 5), que investiga el "caso Fórum Filatélico", ya que sólo podrán comparecer para una de las causas.

Por otra parte, ambos magistrados recomiendan a los perjudicados, que en el "caso Afinsa" podrían alcanzar los 200.000, que se agrupen, de forma que cada grupo tenga una misma dirección letrada y procurador.

En el comunicado se recuerda que todos los ofendidos o perjudicados por los delitos que se están investigando en este caso pueden mostrarse parte en la causa, sin necesidad de formular querella, a fin de ejercitar las acciones civiles y penales que procedan. También "podrán solicitar el beneficio de justicia gratuita".

DERECHO DE RESTITUCIÓN

Los magistrados explican además que el hecho de que los perjudicados no se muestren parte en la causa no significa que renuncien al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor pueda acordarse en sentencia firme.

"El Ministerio Fiscal velará en este cso por los derechos de estos perjudicados ejercitando las acciones civiles correspondientes si proceden", señalan.

En este sentido, añaden que "bastará que formulen la oportuna denuncia (en comisarías, puestos de la Guardia Civil, policías autónomas o locales y juzgados de guardia) acompañando la documentación oportuna (contrato, resguardos bancarios, justificantes de depósitos y resto de documentación relativa a su relación contractual con las empresas citadas)".

Por otra parte, ambos magistrados han solicitado al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, la creación de una oficina de apoyo para gestionar las denuncias y personaciones del caso. Por esta razón, "se ruega se esté a la espera de su efectiva creación para efectuar las denuncias y/o personaciones", dice el comunicado.

Además, con el fin de que el derecho de información de los perjudicados no se vea afectado, se ha pedido también la creación de una página web en la que se colgaría en su integridad la causa respectiva y las diligencias que vayan practicándose.

A dicha página podrán acceder, además de las partes, todos los posibles afectados, a quienes se facilitaría una contraseña por parte de la citada oficina de apoyo.

Con esta página web, las partes personadas quedarían enteradas del conocimiento de la causa y, de esta forma, serviría también de notificación de las resoluciones a las partes y a los innumerables perjudicados.

AGILIZACIÓN

De esta forma, se evitaría que cada resolución que se dicte deba ser notificada mediante entrega de copias, lo cual, incluso con la oficina de apoyo, "resultaría imposible practicar, so pena de retrasar en demasía el curso de la causa", dice Santiago Pedraz en una providencia dictada hoy mismo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional investiga en el "caso Afinsa", a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, presuntos delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad documental, estafa, administración desleal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Por su parte, también a raíz de otra querella de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Fernando Grande-Marlaska, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, instruye el caso abierto contra Fórum Filatélico por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.