A comienzos del pasado mes de unio, los agentes de la Benemérita detuvieron a diecisiete personas en la citada localidad guipuzcoana y cuatro de ellos presentaron denuncias por presuntos malos tratos.

"La inmediata apertura de diligencias informativas para esclarecer internamente la veracidad o no de los hechos denunciados", añade la nota, "contrasta con la manifiesta despreocupación de épocas anteriores en un tema de tanta importancia".

Según Jueces para la Democracia, la propia autoridad gubernativa de quien dependen los agntes denunciados debe ser la primera interesada en esclarecer la denuncia, comprobar o, en su caso, descartar la realización de cualquier violación de los derechos fundamentales y demostrar que es el propio ministerio quien repudia contundentemente las prácticas denunciadas y que está dispuesto a su erradicación.

El colectivo judicial condena igualmente la que califica de "campaña informativa que critica la apertura de diligencias informativas en caso de denuncias de malos tratos como fuente de presuna desmoralización de las fuerzas de seguridad.

Para la mencionada asociación, a los agentes les refuerza en su misión tener la garantía de que cualquier denuncia de actuaciones contrarias a los principios que deben respetar será investigada en profundidad "no sólo judicialmente sino también por sus propios mandos, de manera que quienes aisladamente desprestigien con su conducta al conjunto de la policía serán sancionados, sin que su actuación redunde en perjuicio de la mayoría que cumple correctamentesu función".