En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la asociación de jueces dijo dudar de que Garzón esté habilitado jurídicamente para investigar los asesinatos de la contienda.

Gimeno explicó que para que Garzón pueda investigar los fusilamientos de la Guerra Civil estos tendrían que considerarse delitos de genocidio -que no prescriben y son competencia de la Audiencia Nacional- y no como simples asesinatos, algo que considera muy difícil.

Además, el portavoz de JpD también dudó de que el hipotético delito de genocidio se pueda imputar a alguien, ya que, debido al tiempo transcurrido desde la contienda, es probable que ninguno de los responsables de los supuestos delitos siga vivo.

Aún así, aseguró que el Estado debería haber realizado ya un "censo" de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra y añadió que este registro es "una de las lagunas" de la Ley de Memoría Histórica impulsada por el Gobierno en la pasada legislatura.

"La decisión de Garzón tiene más repercusión política que jurídica", dijo por último Gimeno.