La organización judicial no ha hecho pública su postura antes para no interferir con su comunicado en la campaña electoral y evitar interpretaciones de naturaleza política.

Jueces para la Democracia considera que, "con este indulto, el Gobierno ha entrado de lleno en el terreno de la más evidente justificación de las actitudes que dice querer erradicar. Pues, con tota claridad, no hay paso más rotundo en favor de los que torturan que desconocer butalmente las resoluciones de los tribunles que les han condenado después de procesos seguidos con todas las garantías".

Según las asociación, este tipo de decisiones son "nefastas para el Estado de derecho y la democracia, porque desmiente las reglas constitutivas de uno y de la otra" y produce "una rabia amarga" entre los ciudadanos.

La organización judicial pide que se elabore una ley reguladora del indulto (la actual data de 1870) que limite las posibilidades de concesión de gracia por parte del poder Ejecutivo con el fin de evitar"la arbitrariedad" en su aplicación.

Jueces para la Democracia destaca también que el proceso de concesión del indulto "se siguió en las penumbras de los sótanos del poder, una de cuyas técnicas más antidemocráticas de ejercicio es justamente, la de ocultar lo que hace hasta que lo ha hecho".

La nota finaliza arrojando dudas sobre los motivos reales que impulsaron al Gobierno a conceder la gracia a los dos guardias destinados en el cuartel donostirarra de Intxaurrondo.