En declaraciones a Servimedia, Tapia consideró positivo el texto del Ejecutivo y dijo que se trata de un documento eminentemente jurídico que no entra en aspectos históricos para no abrir heridas y ser "equilibrado".

A su juicio, trata de resolver ciertas situaciones que no estaban en la ley con respecto a personas que tuvieron "avatares" en una etapa histórica.

Desde el punto de vista jurídico es de "bastante sensatez", señaló el portavoz del colectivo de jueces, y puso como ejemplo el reconocimiento, que hace la ley, de prestaciones a personas que antes no se les reconocía o el incremento de pensiones a otras que ya lo tenían reconocido pero con remuneraciones muy bajas.

Tapia cree que en el orden judicial también se reconoce que muchas personas "fueron enjuiciadas injustamente", por leyes que contenían planteamientos no acordes a un sistema de derecho o un estado democrático de derecho.

"Que se satisfaga a esas personas está bien y la posibilidad de ser revisada esa situación también es positivo", apostilló.

Sin embargo, recalcó, anular los consejos de guerra plantea dificultades para la Administración de Justicia y generaría un problema de tratamiento porque se volverían a plantear juicios y habría que revisar leyes y hechos que llevaron a las condenas, "es discutible pero muy complicado", explicó.

La ley trata de buscar un cierto equilibrio para las sentencias injustas, afirmó el portavoz de la asociación de jueces, la anulación de los consejos de guerra "podría ser una gran carga de trabajo y esfuerzo", insistió.

Finalmente, Tapia confió en que la ley mejore aún, con el debate parlamentario, aunque, matizó, que tal y como está "aporta más que detrae".