Manzanares afirmó ayer que cuando los jueces aplican la ley "en el ejercicio de la jurisdicción, el Pacto de Ajuria Enea nos resbala" y criticó también que la concesión del tercer grado se haga fuera del poder judicial. Estas manifestaciones provocaron la reacción del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, que las calific de "inadmisibles" y pidió su dimisión.

Cándido Conde Pumpido, portavoz de Jueces para la Democracia, afirmó hoy a Servimedia que la asociación no comparte la opinión de que dicho pacto "resbale" a los jueces, sino que, "como poder del Estado, los jueces estamos interesados en que exista un frente común contra el terrorismo y, por tanto, valoramos muy positivamente el resultado del consenso entre los representantes del pueblo español".

A juicio de esta asociación, es "poco afortunada la forma y e trasfondo de que para nosotros nos es indifertene la existencia de este acuerdo". "Los jueces debemos expresar por el acuerdo de los representantes del pueblo español, en relación con un tema tan grave como el terrorismo, nuestro máximo respeto", afirmó Conde Pumpido.

El representante de Jueces para la Democracia reconoció, no obstante, que esos pactos no son vinculantes para los jueces, aunque matizó que "eso no quiere decir que no merezca para nosotros un respeto y por tanto una consideración imporante".

"En ese sentido, el pacto no es una norma vinculante para los jueces, pero estimo poco afortunada la frase porque da la sensación de que para uno de los poderes del Estado no tiene ninguna importancia, y no es así. No es vinculante para nosotros, pero lo respetamos", continuó Conde Pumpido, quien coincidió con Manzanares en que debe haber un control judicial en el cumplimiento de las penas.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial se mostró de acuerdo con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial en el fondo de sus manifestaciones, ya que considera que los pactos que suscriban las formaciones políticas no pueden trascender al ámbito judicial, dado que no son fuente de derecho.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, Angel Calderón, afirmó que los tribunales no puden aplicar los acuerdos políticos, dado que no son vinculantes, y refiriéndose al pacto de Ajuria Enea, señaló que éste incumbe a los paridos políticos y al Gobierno, "pero no puede afectar al poder judicial ni a los tribunales" en el ejercicio de su función.

Respecto a la reinserción, Calderón indicó que su aplicación debe realizarse bajo control judicial y destacó que esa medida "no puede ser una oferta pública" para aquellos penados por una clase de delito, en referencia a los presos etarras, sino que debe hacerse de forma individualizada.