Los jueces debatieron diferentes aspectos del anteproyecto de Ley Orgánica de Justicia de Menores, que tiene previsto aprobar próximamente el Gobierno. A pesar de que todos coinciden en la "urgente necesidad" de revisar la normativa de menores, piden otras mejoras en el tratamiento judicial de este "especial grupo".

La mayor parte de las propuestas se han centrado en los problemas de ejecució de las sentencias, sobre todo cuando se trata de cuestiones penales.

En este sentido, insisten en la labor del juez de menores para salvaguardar los derechos y corregir desviaciones y abusos que se puedan producir, sobre todo cuando se trata de imponer sanciones privativas de la libertad.

Los jueces dicen que deben potenciarse medidas como la elección del centro de cumplimiento de las sanciones y la autorización de traslados entre centros, aunque sean de diferentes comunidades autónomas.

MAYORCONCRECION

A lo largo de las jornadas se insistió en la necesidad de que la normativa que se pretende aprobar tenga mayor concreción, sobre todo en lo relativo a los medios coactivos que pueden ser adoptados por los centros donde los menores cumplan las medidas de internamiento.

Los jueces insisten en un especial control sobre estos establecimientos, tales como las condiciones interiores, la formación del personas que trabajan en ellos y el mantenimiento de las garantías del menor en los registro y cacheos, actos éstos que afectan a la libertad, dignidad e intimidad, en edades especialmente susceptibles para estas acciones.

En este sentido, el magistrado Prudencio Aparicio Blanco, en una de las ponencias presentadas durante las jornadas, se refirió a la especial "función resocializadora" en la que debe insistir la justicia de menores.