Este centro, dependiente del Gobierno Civil y la Comisaría Provincial de Policía, es utilizado para internar a los extranjeros en situación ilegal, permaneciendo allí hasta un plazo máximo de cuarenta días, mientras se decide su expulsión del país o no.

La Junta de Jueces malagueños han elaborado un informe, que ha sido elevado hasta el gobernador civil de la provincia, Angel Fernández Lupión, n el que aseguran que algunos internos son ingresados en celdas de aislamiento como medida disciplinaria, sin ser ordenado por la autoridad judicial.

El informe destaca que entre los internos hay menores de edad penal. Asimismo, los jueces critican la "carencia de un programa de actividades a desarrollar por los internos". Aseguran que "se limitan únicamente a permanecer recluidos en el patio del Centro y en sus habitaciones, sin hacer nada más". "No hay en el centro ni televisión, ni libros, ni revisas, ni ningún otro programa de actividades".

Los jueces denuncian también la insuficiente atención médica prestada a los internos "teniendo en algunos casos que ser los propios fncionarios policiales los que administren medicamentos a los extranjeros internados".

"Insuficiencia en algunos caso de la comida dada a los internos, que se deriva de la insuficiente asignación económica a este concepto y necesidad de potenciar la atención de un asistente social a esta personas mientras se encuentran en sta situación", señala el informe judicial.

La Junta de Jueces, que reconoce que estas anomalías se derivan de la falta de recursos económicos, denuncian además que los extranjeros internados en el citado centro están faltos de información "habida cuenta de que en algunos casos no tienen conocimiento del juez del que depende, de sus derechos y obligaciones durante el internamiento y, en concreto, de la posibilidad de ser visitados por abogados, familiares o amigos".