Alonso explicó a Servimedia que, a su juicio, la regulación de una excedencia forzosa para los jueces que se dedican a la política supone una limitación "indirecta" al derecho que tienen como ciudadanos a participar en los asuntos públicos de interés.

Para el portavoz de JpD, tres años de excedencia e antojan insuficientes para aquellos procesos medianamente complicados. "Teniendo en cuenta el plazo en el que se tramita cualquier proceso complicado, la pregunta es: ¿tres años garantizan cualquier imparcialidad?", dijo.

En su opinión, no es necesario regular la excedencia forzosa para garantizar la independencia de un juez o magistrado, sino que existen soluciones "más sencillas y oportunas constitucionalmente".

En este sentido, señaló que sería suficiente con establecer en la Ley Orgánica de Poder Judicial una causa específica de abstención y recusación para evitar que un magistrado, tras su regreso a la judicatura, pueda conocer asuntos que entren en conflicto con su destino anterior en el poder Ejecutivo.