Estas asociaciones constituirán un foro para debatir las reformas necesarias para acercar la administración de justicia a los ciuddanos. Los asuntos que abordarán son, entre otros, la necesidad de una formación permanente de los jueces y la posibilidad de que el CGPJ esté compuesto, al cincuento por ciento, por hombres y mujeres.

También abogan por redactar, en el plazo de tres meses desde la presentación del foro, una 'Carta de derechos ciudadanos ante la Justicia', "que asegure a la ciudadanía una información inteligible y útil en todas las fases del proceso, desde la elección del abogado adecuado hasta la ejecución de la sentncia".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, aseguró que "la Justicia no puede continuar como hasta ahora, se tiene que reaccionar de una manera rápida, produciendo reformas urgentes y profundas, que permitan dar un sesgo radical a la actual situación".

A su juicio, "las reformas que en estos momentos hay que impulsar no pueden ser reformas que basculen sobre intereses corporativos. Nuestro objetivo es que todo lo que sea bueno para los ciudadanos es lo que vamos a considerar beno y positivo para la Justicia".

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, destacó que hay que entender la administración de Justicia "como un servicio público enfocado directamente al usuario".

En este sentido, Salazar criticó que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno, porque la opinión pública percibe que mantiene "una depedencia del Ejecutivo".

A su juicio, "el modelo no funciona porque, generalmente, todos los Ejecutivos tienen latentación de nombrar a alguien, más fiados por su fidelidad o por su afinidad a determinadas ideas, que por el criterio de la responsabilidad o de capacidad".